El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a presentar una ley que tenga en cuenta al nasciturus a la hora de otorgar las ayudas a la familia, en términos de apoyo económico y social a la mujer y a la familia que espera un nuevo hijo. De hecho, Feijóo tiene un antecedente positivo en este sentido, porque cuando ocupaba la presidencia de Galicia promovió un texto legal de esta índole en 2011.
Pocos días antes, la Asamblea de Madrid aprobó una ley que reconoce al ser humano concebido y no nacido como miembro de la unidad familiar a efectos administrativos, y que formaba parte del compromiso presentado en la campaña electoral de 2019.
Todo es, sin duda, un paso adelante en el buen sentido. Ahora hace falta consolidarlo, porque la promesa de Núñez Feijóo es eso, una promesa, y hay que construir en torno a este principio —el derecho del ser humano concebido y no nacido— unas políticas coherentes con el respeto a la dignidad humana y el derecho a la vida.
Lo que se compromete a legislar Feijóo no es, en cualquier caso, algo inédito en Europa. En términos parecidos o distintos, esta protección existe en muchos países europeos. En algunos casos es una ayuda o ventaja social directamente relacionada con el nasciturus; en otros es, más bien, protección a la madre embarazada. En todo caso, la consecuencia práctica es la misma, aunque el principio sea distinto.
Interesa resaltar, en toda esta casuística de propósitos y realidades incipientes en España, y de hechos consumados en Europa, que el nasciturus es un ser humano y, como tal, portador de derechos. Esta obviedad ha sido en la práctica sistemáticamente negada, incluso por el actual Tribunal Constitucional, a pesar de que su propia jurisprudencia define al nasciturus como un bien jurídico protegido. Pero, claro, para que sea un bien y esté protegido, esto se ha de concretar en derechos sobre ese bien y en su protección efectiva. Y esto es precisamente lo que la legislación española, con una ley radicalmente favorable al aborto, niega mediante un cerrilismo absolutamente inaceptable desde todos los puntos de vista —empezando por el científico—, al obviar que existe un tercero independiente de la madre: el ser humano concebido.
El enfoque del aborto en España, como en otros países, ignora este hecho. Tanto es así que, en el debate de la Asamblea de Madrid, Más Madrid —el primer partido de la oposición y que forma parte de Sumar— rechazó la iniciativa legal con la excusa, nada más y nada menos, de que era inconstitucional. Es decir, para ese partido, apoyar al que ha de nacer es contrario a la Constitución española. ¡ Que peligrosa seria entonces la Constitución! Es absurdo, es descabellado. Pero con el actual Tribunal Constitucional, todo puede ser posible. Es consecuencia de haber convertido el aborto en un ídolo.
El contexto europeo
La iniciativa española está lejos de ser algo único. Según cómo se concrete, puede equipararse o quedarse corta respecto a lo que ya existe en otros países:
• Alemania: prestación de maternidad con tramo previo al parto y un sistema amplio de apoyo familiar a los bebés. Es uno de los casos más claros de apoyo económico ligado al embarazo, aunque el núcleo fuerte sigue siendo la baja de maternidad y la prestación por hijo.
• Suecia: más que una ayuda prenatal aislada, ofrece una cobertura muy generosa del embarazo y el nacimiento, con protección prenatal integrada en el permiso parental y maternal.
• Noruega: prestación de maternidad/parental remunerada con fase previa al parto, de forma similar a Suecia: el apoyo prenatal se canaliza a través del permiso retribuido.
• Bulgaria: baja maternal larga y remunerada; es uno de los países con permisos más extensos, por lo que funciona como apoyo económico fuerte durante el embarazo y el parto.
• Croacia: dispone también de una baja maternal larga y remunerada, con un modelo muy protector del periodo prenatal y posnatal inmediato.
Una necesidad existencial
Desarrollar toda una política pública —cultural, social y económica— en torno al nasciturus y la madre es, sin duda, una tarea prioritaria, porque es vital: con una tasa de natalidad del orden de la mitad de la tasa de equilibrio de 2,1 hijos por mujer, cuando todas las encuestas señalan que las mujeres desean tener más hijos de los que tienen, y cuando las condiciones de vida en España —esa famosa "asequibilidad" que tanto invoca la izquierda demócrata de Estados Unidos, y que tan poco imita el Gobierno Sánchez— son un desastre a causa de la vivienda, el coste de la vida (sobre todo en alimentos) y una cuña y sacrificio fiscal depredadora que nos sitúa por encima de la media de la Unión Europea, facilitar la maternidad es una necesidad existencial.
Pero la protección del nasciturus va más allá: es también una exigencia ética. No puede ser que la Constitución declare el derecho a la vida, que el nasciturus sea, como mínimo, un bien constitucionalmente protegido, y que esto se traduzca en la nada más absoluta. Toda la política española, con el refuerzo de las comunidades autónomas y los ayuntamientos "abiertos a la vida", debe diseñar una política potente de ayudas prenatales, a la maternidad y postnatales/familiares.
Un desamparo que no se limita al nasciturus
El Gobierno español practica una suerte de "odio fáctico" hacia los niños. No solo por el menosprecio al nasciturus —que se extiende al brutal tratamiento que reciben los restos de los seres humanos sacrificados en el aborto, incumpliendo de forma escandalosa la normativa en esta materia sin que Gobierno y comunidades autónomas actúen—, sino porque ese desamparo se extiende también a la infancia, con una desprotección simplemente cruel.
Se ignoran los abusos sexuales a menores, cuando son quienes más los sufren: menos del 20% de la población registra el 41% de este tipo de delitos (2024), con un Gobierno que continúa impasible ante ello, hasta el extremo de que su pasividad es una condición objetiva que favorece el crecimiento del delito. España es campeona europea de pobreza infantil, para vergüenza de los alardes fatuos e insostenibles de Sánchez sobre sus éxitos económicos; y estamos también a la cola, solo por delante de Malta, en acceso a guarderías infantiles.
Más allá del debate sobre el aborto
Quienes critican una medida tan necesaria y humana esconden, en muchas ocasiones, su temor verdadero: consideran que estas medidas pueden usarse como señal política a favor de una determinada concepción del aborto y la maternidad. En otros términos: el aborto como bien principal, incluso por encima de la mujer embarazada.
Constatada la bondad de la medida, hay que añadir algo más: el apoyo al nasciturus debería formar parte de una política familiar amplia, no de una medida aislada, convirtiéndola en una política pública más completa que abarque embarazo, nacimiento, vivienda, conciliación y crianza.
Daniel Arasa
Presidente de la Plataforma per la Família
Artículo publicado en Forumlibertas